Es indudable que la crisis económica que estamos atravesando ha puesto en cuestión muchos de los principios y paradigmas que dábamos por estables y seguros en la economía española de las últimas décadas. Sin embargo, hay un sector ajeno a las advertencias de los expertos, a las reflexiones de los gestores o a las demandas de los profesionales: el sanitario. Este sector, que representa el 9,5% del PIB, sigue siendo gestionado con parámetros organizativos de hace al menos cincuenta años y sigue teniendo un enorme peso burocrático y político en sus decisiones de gestión.
Se ha dicho y repetido hasta la saciedad que tenemos un gran sistema sanitario. Y, sin embargo, diferentes expertos nacionales y extranjeros coinciden en que su modelo de gestión está burocratizado y esclerotizado por continuas decisiones basadas en una perspectiva más política que de acuerdo a una gestión eficiente de los recursos. Se ha dicho que resulta sorprendente que nuestros responsables políticos eviten tomar decisiones que alteren un statu quo no homologable a nuestro entorno europeo.
Por ello me resulta chocante que cuando se anuncian procesos de ampliación de los modelos de colaboración público-privado, siempre haya quienes enarbolen la bandera de unos supuestos riesgos para la salud de los ciudadanos o pérdidas de derechos para los trabajadores, cuando hay ya experiencias en España y fuera de ella de mejora en las condiciones de los profesionales y en los indicadores asistenciales y de rebaja en los costes para los ciudadanos. No hay mayor penalización para los profesionales que ver reducir sus salarios en el sistema público, ni mayor merma para los derechos de los ciudadanos que aumentar las listas de espera, ni mayor castigo para la sostenibilidad del sistema que tener año tras año que rescatar al sistema sanitario porque los presupuestos públicos no recogen en su totalidad los gastos incurridos. Pero cerrar los ojos ante todo ello, es lo fácil.
Y el problema es que la cuerda se va acortando. Que nuestros compromisos con los financiadores que tan generosos fueron en otros tiempos, van expirando. Por ello debemos animar los esfuerzos de algunas administraciones por dar soluciones a problemas que ya son crónicos y estructurales, y que sólo con un decidido espíritu de reformas se pueden acometer.
Creo que hay que recuperar el espíritu de innovación de los años noventa que, desde el Informe Abril, permitió avanzar a distintas comunidades autónomas, independientemente de su color político, en nuevos y distintos modelos de gestión a partir de una idea que inspiraba a nuestros responsables políticos: la voluntad de cambio asumiendo que se podían equivocar. Hoy parece que la idea imperante es otra bien distinta: el que no hace nada, no se equivoca nunca.
Debemos demostrar, desde la experiencia de los 16 años de existencia del modelo concesional de colaboración público privada, que se puede gestionar la sanidad pública, manteniendo los valores del sistema, pero de un modo más eficiente, más flexible y con mayor capacidad de innovación.
Publicado en Expansión el 23 de septiembre de 2013