Un peligroso retroceso para nuestra Sanidad

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado el inicio de la tramitación de la Ley  de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud, con el primer paso, la consulta pública abierta el lunes. Esta ley tiene como objetivo principal limitar la gestión privada de los hospitales públicos con un criterio basado en eslóganes populistas. En resumen, y como bien definía el diario ABC recientemente, se trata de convertir en ley uno de los lemas más facilones de Sumar-Podemos, “la sanidad pública no se vende, se defiende”. Todos deberíamos defender una Sanidad pública de calidad y eficiente.

La realidad es que ni defienden la Sanidad, ni a los pacientes, ni a los profesionales intentando dar rango de ley a sus soflamas. Se defienden a sí mismos en su posición como políticos. Eso es todo. De hecho, es muy triste que la única preocupación de la ministra de Sanidad ahora mismo, que debería estar focalizada en la resolución de problemas muy urgentes como las interminables listas de espera o la falta de profesionales, y en la búsqueda de soluciones a los retos tan complicados del sistema, solo esté pensando en introducir debates populistas, para ver si reanima a las bases de un partido que está en vías de extinción. ¡Qué casualidad que este tipo de anuncios surjan después de elecciones, como las catalanas de este fin de semana, en las que Sumar prácticamente desaparece!

Ser miembro de un Gobierno debería hacer reflexionar a la señora Garcia sobre las implicaciones de legislar para todos. De hecho, limitar el papel de la gestión privada en el sistema público de salud va en contra de la propia Constitución. Ya lo dijo el Tribunal Constitucional hace años con alguna otra tentativa en la misma línea. El derecho a la salud está garantizado en la Constitución, pero los modelos de gestión de la salud los determinan las comunidades autónomas, en función de lo que consideran oportuno o conveniente para prestar la mejor atención sanitaria a sus ciudadanos. 

Recordemos que, en España, el modelo de gestión colaborativo en los servicios públicos se da en muchos ámbitos, desde infraestructuras, energía, educación o bienestar social, pero también en Sanidad. Tenemos Muface, Mugeju o Isfas, donde los funcionarios pueden elegir si desean ser atendidos por la Sanidad pública o por la privada; las mutuas de accidentes de trabajo, que son otro modelo de gestión privada de fondos públicos, y con resultados históricamente muy buenos; y las farmacias ambulatorias, con farmacéuticos privados que también ofrecen un servicio público y donde somos un ejemplo internacional de buen hacer. Y no olvidemos otras fórmulas de convivencia o colaboración con el sector privado, como los conciertos de todo tipo, desde el tradicional acuerdo para la reducción de listas de espera, acuerdos capitativos con empresas mixtas o totalmente privadas, o los hospitales públicos a los que se permite ejercer actividad privada. 

La simbiosis entre lo público y lo privado es habitual y está bien valorada por los ciudadanos, siempre que se haga con transparencia, dando cuenta de los resultados y poniendo los datos encima de la mesa, con ética y con equidad. Sobre todo, porque se garantiza un acceso universal a la Sanidad, con una atención de la máxima calidad para los pacientes, menores listas de espera y mejores garantías para la sostenibilidad del sistema. Además, son fórmulas que nos acercan y equiparan a los países europeos más prósperos y avanzados, como Alemania, Francia o Portugal.

La colaboración con el sector privado en Sanidad -igual que en otros sectores- ha demostrado con creces su eficacia y eficiencia. Y además, tal y como he desarrollado en otras entradas a este blog, va a ser cada vez más imprescindible, si las administraciones quieren mantener unos estándares de calidad elevados para los pacientes. La inestabilidad política y las limitaciones presupuestarias, sumados a los grandes retos de la Sanidad que ya he comentado – listas de espera, falta de profesionales, cronicidad de enfermedades- hacen imprescindible esta colaboración en Sanidad. 

Lo que pretende la ministra Mónica García es la cubanización del sistema. O bien, volver a un modelo franquista: el Estado construye las infraestructuras y los funcionarios las gestionan. Cualquiera de estas dos referencias están claramente desfasadas, son arcaicas y miran al pasado, no al futuro.

Creo, sinceramente, que la ministra está en el camino equivocado y nos aleja cada vez más de nuestros socios europeos más desarrollados. 

Mi única duda es si quiere crear un debate artificial, recuperando el supuesto enfrentamiento entre lo público y lo privado por sus nefastos resultados electorales y el declive de sus políticas populistas, o porque quiere engañar deliberadamente a los españoles, proclamando una defensa de la Sanidad pública, que no es tal, cuando lo que hace en realidad es “condenar” a muchos ciudadanos a una Sanidad pública mediocre, a sabiendas de que otros muchos ciudadanos contratarán un seguro privado, para tener acceso a una Sanidad privada mejor, creando así una Sanidad de primera y una Sanidad de segunda. Un auténtico despropósito en cualquiera de los dos casos. 

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