En apenas un año hemos podido comprobar que la decisión más controvertida del Gobierno Valenciano, -la estatalización de la gestión del Departamento de Salud de La Ribera-, no está dando los frutos que esperaban los grandes defensores de la sanidad 100% pública.
Lo cierto es que después de 365 días, el Departamento de Salud de La Ribera (Alzira) ni funciona igual, ni mejor que antes; más bien todo lo contrario, está en declive. Lo siento mucho por todos aquellos que vaticinaban que Alzira moriría de éxito una vez se desmarcara de la gestión privada.
Con varios meses de antelación a la supuesta fecha de finalización de contrato (dado que el contrato permitía prorrogarlo 5 años más), distintos actores quisieron entrar en el peligroso juego político de la manipulación anunciando que a partir del 1 de abril de 2018, Alzira pondría en marcha una gestión pública sin parangón y, por supuesto, sin ‘ánimo de lucro’ que dejaría en evidencia los intereses particulares de la empresa. Realmente no sé a qué ‘intereses’ se referían y continúan refiriéndose a día de hoy porque, desde Ribera Salud, ya no sabemos cómo explicar más claro y más alto el funcionamiento de nuestro modelo de gestión, pero lo seguiremos haciendo tantas veces como sea necesario.
En este sentido me cuestiono si, además de dar todas las explicaciones pertinentes, realmente ha servido de ayuda publicar todos los contratos y la información asistencial en los portales de transparencia porque empiezo a dudar de la capacidad analítica de aquellos que hacen oídos sordos a los datos y a la razón, y han sido arrastrados por una campaña de desprestigio (aún activa) hacia la colaboración público privada.
En Alzira nuestro interés nunca ha sido otro que cuidar de nuestros ciudadanos y así lo hicimos de la mano de nuestros profesionales durante los 18 años que compartimos gestión con la Administración Pública. Los pacientes son el eje de nuestro modelo de gestión el cual está en constante transformación. Somos una empresa inquieta, joven, con espíritu de mejora continua que busca soluciones innovadoras para afrontar los retos globales a los que se enfrentan los sistemas sanitarios de todo el mundo.
Soluciones transformadoras que pusimos en marcha en el Departamento de Salud de La Ribera. Durante el período de gestión privada, Alzira encabezó el ranking de los Acuerdos de Gestión que establece la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública para todos los Departamentos de Salud que componen el mapa sanitario de la Comunidad Valenciana. Una comparativa que mide aproximadamente unos cincuenta indicadores relacionados con la atención prestada al paciente y la correcta utilización de los recursos. Alzira siempre apareció entre las primeras posiciones y obtuvo importantes reconocimientos nacionales e internacionales. De hecho, cuenta con la acreditación de la Joint Commission International aunque auguro que, debido a la decadencia en la que está inmersa el departamento, perderá esa singular condición en la próxima revisión. Al tiempo.
Sin embargo, ahora está en retroceso. Se ha sumergido en un proceso de involución que está afectando a profesionales, pacientes y, cómo no, también a las arcas públicas. Desde el primer día tras la reversión hubo problemas con los pedidos, el mantenimiento de las instalaciones, el aparcamiento, las citaciones, las nóminas, los turnos y las sustituciones. Como iré desgranado en otras entradas en mi blog, los casi 700 profesionales que se han contratado de más no han servido para dar unos mejores resultados de salud sino más bien para todo lo contrario. Las reclamaciones por parte de los pacientes han aumentado, las listas de espera se han disparado y, por primera vez en 20 años, los profesionales se han manifestado, -los que han decidido permanecer en Alzira porque muchos otros se han ido-, para protestar por sus condiciones laborales, entre los que se incluyen los incentivos.
Además, se ha expropiado un aparcamiento que además de costarle a los valencianos más de 10 millones de euros, ha convertido en un caos los accesos al hospital. Todo ello, mientras se compra material y medicación hasta un 70% más caro que antes de la reversión, se pagan despidos improcedentes, las urgencias están más saturadas que nunca y se crean unidades infrahumanas, donde 26 pacientes y sus familiares han de compartir un único baño.
El pronóstico optimista de la gestión 100% pública no se ha cumplido y el declive se agrava. Todo por no hacer caso a las conclusiones y recomendaciones de los informes técnicos solventes. Me refiero a las dos auditorías realizadas por la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana sobre las concesiones de Manises y Torrevieja, encargadas por el actual Gobierno Valenciano, y que en esta última ni siquiera hubo alegaciones por parte de la Conselleria de Sanitat. Ambos informes ponen de manifiesto que la gestión privada es capaz de hacer más cosas a menor coste manteniendo unos procesos de calidad de excelencia.
Leo en la prensa que la responsable de completar este desastre de gestión llamada ‘reversión’, la defensora de lo público que más ha derivado a la privada, Isabel González, se ha jubilado. Se ha ido al igual que hicieron otros compañeros que bien dimitieron o cesaron de sus puestos durante este año por la inestabilidad directiva y gestora. Todos ellos fueron nombrados por la ex ministra de Sanidad, Carmen Montón, y yo me pregunto: ¿a quién hay que pedir responsabilidad de todo este sinsentido?
Ahora nos enteramos que Isabel González ha sido sustituida por Liliana Fuster, a la que felicito por su nombramiento y a la que me gustaría plantearle la siguiente reflexión: “Liliana, sabes que sin el modelo de gestión de Ribera Salud el Departamento de Salud de La Ribera irá aumentando su decadencia y empeorando su servicio, ¿vas a liderar una gestión politizada a golpe de prejuicio y no evidencias, o vas a ser capaz de proponer cambios y nuevos modelos asistenciales pensando en el ciudadano?”
El tiempo nos dirá…
