El periódico Valencia Plaza publicó ayer una entrevista en profundidad a Vicent Cucarella, el Síndic Major de Comptes. Una entrevista que captó mi atención y que leí con mucho interés por la afirmación tan rotunda que eligió el periodista para titularla: «No tenemos inconveniente en someternos a más controles, pero no como una ‘vendetta’ política». Como ésta, a lo largo de la entrevista, Cucarella nos regala auténticas reflexiones sobre la transparencia y la rendición de cuentas y es que los informes, estudios y análisis que se elaboran desde la institución que preside ‘no son papel mojado’ por mucho que, desde algunos sectores, se insista en que carecen de fundamento, ¿o más bien es que no responden a sus prejuicios?
La Sindicatura de Comptes es en la Comunidad Valenciana como el Tribunal de Cuentas para el Gobierno Central. Es una institución encargada de velar por las buenas prácticas dentro del gobierno valenciano. Toda sociedad democrática y avanzada debe de tener instituciones de este tipo que permitan confiar en que nuestros gobernantes están haciendo un buen uso del presupuesto público, -que es el dinero de los ciudadanos-, y justifican sus medidas y toma de decisiones con transparencia. Este tipo de instituciones son las que definen si un país tiene una alta calidad institucional.
Desde junio de 2016, Vicent Cucarella dirige la Sindicatura de Comptes y en todos estos años ha tenido la oportunidad de hacer investigaciones, estudiar, analizar y diseccionar las distintas partes que componen el sector público valenciano, hacer recomendaciones al gobierno sobre el buen uso de los fondos públicos, analizar si hay cosas que se están haciendo bien o mal… Ese es su papel: el de ‘mojarse’.
De la entrevista, me gustaría subrayar la parte en la que hace referencia a las concesiones sanitarias y afirma, de forma taxativa, que “le sorprende que se argumente que las concesiones sanitarias son más caras porque los datos no dicen eso”. Sinceramente, yo creía que una vez publicado los informes de las concesiones de Manises y Torrevieja ya nadie iba a cuestionar esta afirmación, pero publicadas las conclusiones: ‘mojóse y acabóse’ (ver etimología). Por eso, no me sorprende que todavía se siga discutiendo y cuestionado las bondades de la colaboración público privada en materia sanitaria a pesar de las evidencias incuestionables.
Pese a quién le pese, la gestión privada ha demostrado que es capaz de hacer más cosas a menor coste manteniendo unos procesos de calidad de excelencia. Si los gobiernos deciden revertir las concesiones y apostar exclusivamente por la gestión directa no es por motivos de calidad, ni económicos, será por “algún otro motivo”. Prefieren menor calidad a más coste que ofrecer una mayor calidad a menos coste. Bendita ignominia.
Si el gobierno valenciano hace caso omiso a las instituciones públicas que trabajan para mejorar la calidad democrática, que trabajan para controlar el uso de los recursos públicos, que trabajan para mejorar la calidad de los servicios públicos de los ciudadanos, me planteo: ¿realmente están pensando en el bienestar y en el futuro de sus ciudadanos a quiénes se deben?
Las personas que están adoptando decisiones sin tener en cuenta la objetividad de los datos deberían darse cuenta de que están haciendo un flaco favor a la democracia.
Me gustaría concluir esta nueva reflexión agradeciendo la sinceridad y la honestidad de Vicent Cucarella, quién ha tenido la oportunidad de estudiar en profundidad el funcionamiento del modelo concesional de Ribera Salud en la Comunidad Valenciana.
Nuestras puertas siempre están abiertas.
