El 14 de enero del año 2017 el que por entonces era el comisionado del Departamento de Salud de la Ribera, José Sanfeliu, nombrado recientemente subdirector general de Costes de Personal y Control Financiero de la Conselleria de Hacienda, ya lo vaticinó: “Se creará una bolsa de trabajo de La Ribera, y ahí se meterán a todos nuestros familiares y amigos”. Apenas ha transcurrido un mes y medio desde la reversión y leo con estupefacción un artículo en prensa sobre la evolución en la atención sanitaria en Alzira: “Sanidad incumple condiciones laborales y enchufa afines en La Ribera”.
La historia se repite, lamentablemente, aquí y fuera de la Comunidad Valenciana, como bien quedó reflejado en el reportaje emitido en Cuatro: ‘Enchufismo en la sanidad pública’, en el que, recuerdo, se contrastaba el nombramiento “a dedo” de 200 coordinadores y responsables sanitarios en los diferentes departamentos de salud de la Comunidad Valenciana. Y algunos de ellos, llevaban décadas sin ejercer su profesión. Por eso, me gustaría reflexionar en este artículo sobre la necesidad de que se produzcan menos nombramientos basados en la “ideología” y más contratos “profesionales” en la sanidad pública. No es un discurso nuevo. Es un tema sobre el que, desde hace tiempo, se lleva debatiendo desde colectivos profesionales y asociaciones, como SEDISA, con su ya conocido informe sobre la profesionalización.
A pesar de no ser obligatorio por ley, el nombramiento y cese de los profesionales de la salud debería estar regulado por criterios objetivos y una evaluación independiente y apolítica. En los últimos años, se han dado algunos hitos en cuanto a iniciativas autonómicas, pero es necesario dar un salto para profesionalizar su sistema de selección.
La gestión de los recursos humanos es una de las grandes asignaturas pendientes del Sistema Nacional de Salud. Es inconcebible que aún hoy, no existan mecanismos en el sistema público para premiar al que mejor lo hace, al que mayor valor añadido esté aportando al sistema. Tratar igual al que es desigual es desmotivador para cualquier profesional.
Es prioritario para el sistema sanitario público y la sociedad contar con profesionales, que accedan a sus cargos a través de la evaluación de su formación, que debe estar acreditada y su experiencia contrastada. Además, deberían ser contratados y ser evaluados por el cumplimiento de objetivos previamente establecidos y que tengan un desarrollo de carrera profesional. Y en esto, el modelo de gestión público privado desarrollado por Ribera Salud también ha supuesto un hito en la gestión de personas.
Una de las herramientas que permite la iniciativa privada para una gestión moderna de las personas es la introducción de un sistema de incentivos que premie al que más y mejor trabaje, porque es el mejor modo de alinear el principal activo que tiene una organización sanitaria, sus profesionales, con el objetivo principal de la organización que no es otro que conseguir los mejores resultados en salud.
Por eso, me entristece ver cómo un proyecto (Alzira) que nació para poner en valor una gestión profesional de la sanidad esté dejando paso a una gestión política. Nuestro modelo de gestión podía haber nacido entre señas de cualquier color político pero para nosotros, cuyo eje central es el paciente, lo principal es contratar a los mejores. De hecho, el modelo de colaboración público privada se concibió a partir del Informe Abril, apoyado por todos los partidos políticos, e impulsado por el ministro socialista, Julián García Vargas, a quién el año pasado le reconocimos con el premio ‘Defensor de la Salud’. En la Comunidad Valenciana este modelo se ejecutó con un gobierno del PP pero, como bien es sabido, experiencias de colaboración público privada hay en todas las comunidades autónomas, desde Cataluña a Andalucía, y de distinto signo político.
Se están dando los primeros pasos para que en Alzira se deje de contratar a profesionales por su currículo, valía y experiencia. Se mira el carné del partido. Siempre hemos tenido profesionales ocupando distintos puestos de responsabilidad (jefaturas de servicio, supervisores, etc.) sin preguntar si pertenecen a un sindicato o partido político. Esto es algo muy difícil de contemplar con el modelo de gestión actual imperante en el Hospital Universitario de La Ribera, así como en el resto de hospitales públicos de la Comunidad Valenciana. Y, para muestra, no hay más que leer el comunicado emitido por CC.OO., expuesto en los tablones de anuncios de los centros de La Ribera, exigiendo el cese de profesionales “de la gestión anterior”.
En definitiva, más profesionalización y menos politización en la gestión sanitaria. ¿Llegaremos a ver esto en la sanidad española y en la valenciana?
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