En estas últimas semanas estamos conociendo la verdadera forma de pensar de la ministra de Sanidad, Mónica García, y sus propuestas polémicas sobre cómo organizar al colectivo de médicos en el futuro del sistema nacional de salud, así como su visión de la colaboración publico privada, a partir de la situación de Muface. No es que me sorprendan ni su posicionamiento ni sus declaraciones, pero sí creo que desde el sector debemos plantear nuestra posición de igual modo.
Por una parte, ya conocíamos, por su trayectoria política, la posición de la ministra en contra de la colaboración público privada en general y del modelo Muface en particular. Lo que sí que me ha sorprendido, y creo que es preocupante en un responsable político, es que culpe a las compañías de seguros de la crisis en el modelo Muface, cuando el único responsable es su Gobierno, al que no le interesa dialogar y consensuar un modelo con unas bases sólidas y de futuro. Ya lo he comentado en este blog en otras ocasiones: un gobierno responsable tiene que auditar permanentemente la buena gestión de los fondos públicos en los modelos de colaboración público privada, y hacerlo de un modo transparente, para mantener lo que funciona y acometer reformas consensuadas cuando sea necesario. Siempre con responsabilidad y pensando en los ciudadanos y en las garantías de la atención sanitaria de calidad que merecen.
Lo que no puede la ministra, ni ningún otro responsable político, es obligar a las compañías a trabajar a pérdidas. La calidad y la excelencia tienen un coste, y la falta de acuerdo solo se soluciona con más negociación entre las partes, entendiendo todos los puntos de vista y poniendo al ciudadano en el centro, y no a golpe de intervencionismo o declaraciones incendiarias.
Sin embargo, lo que verdaderamente me ha llamado la atención y sobre lo que me gustaría hacer una reflexión más profunda en esta entrada a mi blog, tiene que ver con los dos anuncios más recientes de la ministra a propósito de la carrera profesional de los médicos. Por un lado, con la iniciativa, que no es novedosa, de que los jefes de Servicio de los hospitales públicos solo puedan trabajar para la Sanidad pública e impedir, así, cualquier colaboración suya con la Sanidad privada. Y por otra, la propuesta incluida en el borrador del nuevo Estatuto Marco de obligar a los MIR a trabajar 5 años en el sistema público. Un disparate y un sinsentido. Y ahora explicaré mi punto de vista.
Es sorprendente que en un gobierno que se llama a sí mismo progresista, utilice el verbo prohibir para todo, en lugar de facilitar mayor libertad y capacidad de elección a los ciudadanos en general y a los profesionales sanitarios en particular. Este Gobierno utiliza las prohibiciones para intentar que los ciudadanos hagan lo que ellos consideran adecuado en base a su ideología y no al interés general ni a la opinión de los ciudadanos. Improvisan propuestas y lanzan globos sonda, por lo que veo y escucho, para generar conflicto y apartar la atención de otros temas polémicos en lugar de centrarse en solucionar los problemas reales que arrastramos hace tiempo.
Tengo que decir que mi postura está en las antípodas de lo que apunta la ministra. En mi opinión, la fórmula para dar fortaleza al sector público no es prohibir ni impedir desarrollarse profesionalmente a los médicos, sino todo lo contrario. Debería introducirse más flexibilidad en la gestión de recursos, incluida la gestión de las personas, clave en Sanidad, y además apostar por darles el liderazgo y el protagonismo necesario en la toma de decisiones en el sistema, puesto que ellos son quienes conocen realmente el día a día de la atención a los pacientes. Si las administraciones les facilitaran los medios para crear valor en el sistema público e introdujeran herramientas de gestión de personas actualizadas a lo que demandan los profesionales del siglo XXI, sería más fácil atraer y fidelizar talento.
El sistema debería evolucionar hacia un modelo más flexible, abierto y que se adapte al cambio y a lo que pacientes y profesionales demandan. Frente a la prohibición hay que apostar por la profesionalización del sistema, la delegación de responsabilidades en los profesionales y el consenso sobre el modelo.
Lo que hace esta ministra es recurrir a fórmulas que ya se han demostrado ineficaces en el pasado. Si un profesional excelente y con capacidad quiere asumir responsabilidades en el sistema público, pero también desarrollarse en la Sanidad privada, prohibirle esto último puede hacer que descarte su trabajo en la Sanidad pública, y puede llevar a la descapitalización de los mejores profesionales del sistema público.
Y por lo que respecta a los MIR, a nadie le cabe en la cabeza que profesionales que han estudiado al menos seis años de carrera, más otro año de preparación del examen MIR, más los cuatro años de trabajo y formación como médico interno residente pueda ser obligado a trabajar sí o sí cinco años más en el sistema público, en una suerte de contrato obligatorio y cautivo. Después de como mínimo 11 años de formación y aprendizaje, y en una profesión tan vocacional, donde la pasión y el esfuerzo son tan importantes, su criterio personal debería ser suficiente para tomar las decisiones que estimen convenientes. Hacer “prisioneros” a quienes quieres atraer como profesionales me parece una propuesta terrible.
Tampoco entiendo por qué la ministra quiere generar este tipo de debates cuando tenemos tantos otros problemas sobre la mesa desde hace años sin resolver. Prioricemos y seamos serios, por favor. Mientras se polemiza sobre propuestas absurdas, las listas de espera siguen creciendo, la Atención Primaria está colapsada, no se introduce la tecnología al ritmo que es necesario y el sistema empieza a mostrar signos claros que apuntan a su agotamiento para dar respuesta eficaz a las necesidades de los ciudadanos.