El pasado jueves se nos comunicó la sentencia del Tribunal Supremo (TS) número 952/2021 sobre las reversiones y el cumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria de 2012 y que, sin duda, afecta al proceso abierto por la Generalitat valenciana para la internalización de la gestión del Hospital Universitario de Torrevieja.
Pero permitidme que haga algunas reflexiones a propósito de este auto, porque creo que es tan importante que trasciende los casos concretos del Hospital de La Ribera, el de Torrevieja o las concesiones sanitarias. Marca un antes y un después en el sistema económico español y en el modelo concesional en cualquier sector, y crea lo que a partir de ahora vamos a llamar “la doctrina Ribera Salud”.
Y ¿en qué consiste esta doctrina, que ha sentado jurisprudencia con la sentencia del Supremo? Os lo resumo en algunas ideas clave que se recogen en el escrito de los magistrados del Supremo.
- La doctrina Ribera ha conseguido poner un límite al populismo económico en España. A partir de ahora, los gobiernos no pueden tomar decisiones arbitrarias sin abrir un expediente administrativo que incluya el impacto económico y presupuestario de un modo riguroso y con datos. Con esta sentencia, hemos logrado que en el futuro no se tomen decisiones de carácter ideológico, sin explicar y justificar de un modo transparente ante los ciudadanos las implicaciones económicas de esa decisión y cómo afectará a la calidad de los servicios su propuesta de internalización.
- Esta sentencia del Supremo anula la sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que decía que un gobierno podía tomar las decisiones unilaterales y sin ningún tipo de estudio ni de análisis del impacto de estas decisiones. Con el auto del Supremo, esta sentencia queda anulada, algo muy extraordinario en la Justicia española y muy muy importante para el sector concesional en general.
- Y digo más. La sentencia del TS establece que PREVIO a la toma de decisión y cualquier comunicación sobre la internalización de un servicio (el fin de una concesión), la administración tiene que elaborar un expediente administrativo completo y fundamentado, que incluya la evaluación del impacto económico y presupuestario de esa decisión. ANTES DE TOMAR LA DECISIÓN.
Desde mi punto de vista, creo que es una sentencia histórica, que marca un antes y un después en las garantías de un Estado democrático, vela por la seguridad jurídica de las empresas concesionarias y garantiza el rigor y la seriedad de los gobiernos en la toma de decisiones que afectan a cualquier servicio público que reciben los ciudadanos.
Me siento orgulloso de haber llevado ante el Supremo esta causa y haber conseguido anular la sentencia del TSJ valenciano, que avalaba la arbitrariedad en la toma de decisiones de un gobierno, cuando afecta a un servicio público. Desde Ribera, siempre nos pareció una apreciación incorrecta y ahora el Supremo nos da la razón anulándola.
Hoy España es un país más seguro, desde el punto de vista jurídico, y se ha puesto límite al populismo económico. Y estoy contento de haber contribuido a un escenario más riguroso, serio y objetivo del que existía antes. En mi opinión, no es de recibo que una decisión del calado de la reversión de una concesión administrativa se justifique apelando a un pacto de gobierno, se llame Botánic o como se llame, y lo formen los partidos que lo formen. Gobernar para todos los ciudadanos es una responsabilidad que debe ejercerse con seriedad, objetividad y criterios serios, y sobre todo, justificando con informes y datos las decisiones que afectan a tantas familias, en este caso, a miles de pacientes y profesionales sanitarios. Más aún en un momento de pandemia y crisis sanitaria como el que vivimos.
Además, estamos pidiendo fondos europeos para salir de una crisis muy severa y no es coherente ni razonable pedir fondos a Europa por un lado y por otro, ignorar el ahorro cifrado en 45 millones de euros por la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat, por ejemplo, en el caso del Hospital de Torrevieja.
También me gustaría poner en valor la contribución social del grupo Ribera. No queremos medallas, pero lo cierto es que, gracias a esta sentencia, que hemos llevado hasta el órgano más elevado de nuestra Judicatura, hemos impedido que otras empresas que gestionan servicios públicos pasen por lo que hemos pasado nosotros. El concepto de libertad de empresa, lealtad institucional entre una administración y un concesionario, respeto y seguridad jurídica es fundamental, y más aún en un país en el que la colaboración público privada es una realidad en muchos sectores. Y hablo de infraestructuras, energía, agua, residencias de mayores, educación, las ITV y, por supuesto, Sanidad, ya que los conciertos sanitarios existen en muchas regiones españolas.
Soy consciente de que en esta batalla judicial hemos sido como David enfrentándose a Goliat y, por ese motivo, me siento especialmente contento de que toda la organización haya defendido a pacientes y profesionales afectados, también a nuestros proveedores, servicios subcontratados, colaboradores y, en definitiva, a todos aquellos que creen y valoran positivamente que una colaboración leal, sincera y de calidad redunda en el beneficio de los ciudadanos. Nosotros, insisto, nos hemos limitado a defender las garantías de un Estado de Derecho.
Por último, quiero decir que confiamos en que la contribución de “la doctrina Ribera Salud” a una gran nación como es España nos permita disfrutar a nosotros, y a las generaciones venideras, de un país más libre y más seguro para invertir, crear empleo, generar oportunidades y facilitar servicios de calidad a los ciudadanos. Un país en el que la ideología no ponga límites a la libertad, en el que desaparezcan actitudes y decisiones que suponen un acoso a sectores como la escuela concertada, las residencias, las farmacias o el sector sanitario.
Confiamos, y nunca lo hemos dejado de hacer, en la buena voluntad, el diálogo y la lealtad para encontrar la mejorar solución de la mano de la Administración, y seguir garantizando un modelo de salud responsable y el mejor servicio público sanitario a los pacientes de las áreas que gestionamos.
Esa ha sido siempre y es nuestra vocación.