Habitualmente hablo de Sanidad en mi blog. Pero en esta ocasión me gustaría hacer una reflexión sobre la gestión privada de otros servicios públicos y lo que ha sucedido en la Comunidad Valenciana, en concreto respecto a los problemas generados a raíz del final de las concesiones de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV). Porque, aunque de entrada no lo parezca, la decisión política de nacionalizar (que es lo que se ha hecho) este servicio público ha generado conflictos y complicaciones para los ciudadanos, similares a los producidos por el final de las concesiones sanitarias. Aquí van mis reflexiones.
En la Comunidad Valenciana, como ocurre en casi todas las regiones de España, existen (o existían hasta ahora) una serie de servicios públicos gestionados por empresas privadas, como las ITVs, las residencias de mayores o las instalaciones deportivas, por poner varios ejemplos. Algunos siguen funcionando con este modelo de concesión por un tiempo determinado, y periódicamente se convocan concursos públicos, donde se actualizan los requisitos para la prestación del servicio, pero manteniendo el modelo. En el caso de las ITVs, este era un servicio público de gestión privada que ha funcionado durante 25 años en la Comunidad Valenciana y que pasó a ser gestionado directamente por la Generalitat valenciana en febrero de 2023. Hace año y medio. Hasta ese momento, los ciudadanos estaban, en general, contentos con el servicio. De hecho, en mi opinión, la mayoría no sabía que la gestión era privada. Las empresas concesionarias tenían que invertir por contrato en equipamiento, procesos de modernización y tecnología, lo que permitió habilitar sistemas de cita previa online hace muchos años, por ejemplo, y reducir considerablemente las esperas el día de la inspección o los tiempos para conseguir cita.
Sin embargo, el gobierno del mal llamado progreso en la Comunidad Valenciana emprendió en 2015 y hasta 2022 una cruzada contra el modelo de colaboración con el sector privado en general, entre otras las ITVs o las sanitarias. En el caso de las ITVs, se les ocurrió crear una empresa pública, integrando todas las entidades privadas existentes en la Comunidad, independientemente de las condiciones de funcionamiento, salariales etc. No ha sido exactamente igual que el proceso de las reversiones sanitarias, donde no hay empresa pública. Pero las consecuencias sí que son similares apenas año y medio después: desastre, caos, listas de espera, miles de coches sin pasar la inspección y una “economía sumergida” o paralela, como el mercado negro de citas o el negocio encubierto de chóferes a sueldo para pasar la inspección, tal y como hemos leído estos días en los medios.
En Sanidad, no te multan por no haber conseguido cita para la revisión o consulta, pero el riesgo para la propia vida o el empeoramiento de la enfermedad es una consecuencia mucho peor. Y los problemas de acceso al sistema sanitario que están sufriendo los ciudadanos de las áreas revertidas es mucho más grave que conducir un coche en buen estado sin haber conseguido pasar la revisión, por peligrosa que sea la conducción sin la garantía de la ITV.
Y lamentablemente hay otras muchas similitudes. Los conductores se están yendo a otras regiones de España para hacer la revisión de su vehículo, porque la ITV es un requisito obligatorio para circular. Igual ocurre en el área de salud de Torrevieja donde son muchos los ciudadanos que se marchan a hospitales en Murcia para recibir la atención de especialistas que ya no tienen desde la reversión o conseguir cita mucho antes que en su hospital de referencia. En La Ribera no se van a otra región, pero se han resignado a volver a los hospitales de Valencia o acudir a la Sanidad privada por los problemas generados tras la reversión.
Además, las esperas de 16 horas o más para pasar la ITV sin cita recuerdan, por desgracia, a las inhumanas esperas en las Urgencias, que tanto han denunciado ciudadanos, profesionales o inclusive sindicatos. Porque no olvidemos que esos vehículos que pasan la ITV también tienen propietarios que son personas mayores, que no pueden o no deberían pasar esas horas esperando; y padres y madres de familias con trabajos y obligaciones que no pueden eludir, y tantos otros casos particulares afectados por este empeoramiento del servicio.
Y todo por una decisión política sectaria en defensa de una mal entendida gestión pública de un servicio público, que deja de ser útil al ciudadano cuando le condiciona su libertad y su tiempo, y perjudica a su día a día, además de la gravedad que implica para la seguridad de la circulación, en el caso de las ITVs, y de la salud, en la Sanidad. Los políticos deberían resolver problemas, no causarlos.
La gestión privada de los servicios públicos se ha demostrado eficaz y eficiente, ágil, resolutiva, tecnológicamente actualizada y, sobre todo, comprometida con la ciudadanía. La administración tiene y debe controlar los resultados de esa gestión y establecer y renovar las condiciones para la prestación de estos servicios, en función de las necesidades que plantea la sociedad en cada momento. Pero prescindir de esta colaboración con las empresas para la gestión de servicios públicos es un grave error que acaban pagando los ciudadanos. Lo hemos visto en Sanidad y también ahora en el caso de las ITVs.
Confiemos en que, con la nueva visión sobre la gestión de los servicios públicos del actual Gobierno valenciano, las cosas cambien y se priorice el espíritu de diálogo y de facilitar la vida a los ciudadanos, no de perjudicarles. Y entre todos, se encuentre una solución a los problemas creados por la administración anterior.